El fin de semana llegó a Uruguay el primero de los invitados del gobierno: el relator especial para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el abogado y periodista guatemalteco Frank La Rue, dio una conferencia en Presidencia el lunes de mañana, se reunió con el mandatario José Mujica el martes y asistió a la Comisión de Industria de la Cámara de Representantes, donde formuló algunas recomendaciones para mejorar un proyecto de ley que apoya con entusiasmo.
El relator aseguró en una entrevista con Búsqueda que el proyecto “está dentro de los estándares internacionales” establecidos por las regulaciones de diversos países y que, incluso, “América Latina está llegando tarde a este debate”.
La Rue explicó que “lo que se regula” con leyes de este tipo “es el uso de un bien público”, las frecuencias radioeléctricas, que deben ser administradas “con un sentido de equidad y de justicia”.
El abogado guatemalteco, que se desempeña en la Relatoría desde el 2008, dijo que “hasta en las sociedades más liberales se regula, porque si no, se está violentando un derecho más amplio, que es el derecho de la sociedad” de “tener diferentes puntos de vista”.
“Alguna gente ha dicho ‘esto es una ley mordaza, esta ley nos va a llevar a la quiebra’. Primero, todo el mundo sabe que eso no es cierto. Los medios no van a ir a la quiebra por eso, no es una ley mordaza que les está limitando su libertad de expresión. A mí me parece que eso no tiene sentido. Lo que hay que evitar es la polarización y el enfrentamiento”, opinó.
Pese a su posición favorable a la ley, La Rue formuló algunas recomendaciones para mejorar el proyecto. Sugirió que el órgano regulador funcione con “mayor independencia” y sus miembros sean propuestos por el Parlamento. También propuso “establecer excepciones” al horario de protección al menor para que los noticieros puedan informar sobre hechos de interés público. Además considera que la autorregulación de los medios debería excluirse del texto legal y, en cambio, deberían incluirse principios de administración de la publicidad oficial, un tema ausente en los 183 artículos del proyecto.
Pero a juicio de La Rue no alcanza con la regulación de los medios actuales ante el surgimiento de las nuevas tecnologías. El relator cree que la educación “es fundamental” para evitar problemas con los nuevos hábitos de consumo cultural. “Si no se puede regular Internet, el problema va a ser prevenir”.
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—Hay una frase que fue usada incluso por el presidente José Mujica: “La mejor ley de prensa es la que no existe”. ¿Por qué es necesario regular los medios de comunicación audiovisual?
—Hay una diferencia. Cuando uno habla de prensa originalmente, y cuando surge esa frase, se pensaba en la prensa escrita. Y los efectos de la regulación eran bastante menores. Incluso cuando había regulación era para imponer algún tipo de censura. El periodismo es la profesión más libre que puede haber según la doctrina del sistema interamericano, porque a pesar de que es bueno tener muchos elementos, no hace falta la titulación profesional, no hace falta la asociación profesional y no hace falta el registro profesional con el Estado. Las tres cosas son buenas, estudiar, profesionalizarse y titularse, pero no debe ser una condición. Pero en la medida en que la tecnología fue evolucionando, cuando pasó a hacerse con frecuencias del Estado, lo que se regula en primer lugar es el uso de un bien público; ya no es el contenido, no es lo que se está diciendo. Si las frecuencias son una propiedad del Estado, por supuesto que deben ser puestas primero para el bien común, y en segundo lugar deben ser puestas para ese bien común con un sentido de equidad y de justicia. Y es eso lo que yo creo que se perdió en el pasado, especialmente en América Latina. En los países que tuvieron períodos de dictadura militar o de gobiernos muy autoritarios se distribuyeron con mucha arbitrariedad. Unesco fue el primero en desarrollar el principio de diversidad y pluralismo. Es decir, que si uno está ejerciendo el derecho de la comunicación, en el fondo son dos derechos que tienen que balancearse en el espíritu de las normas. Uno es el derecho de las y los comunicadores sociales, que tienen derecho a investigar y documentarse y a difundir la información. Pero el otro es el derecho social y de la población de estar informados. La democracia tiene varios requisitos. Uno es que necesita de un marco legal institucional, instituciones fuertes, sólidas; necesita de credibilidad y transparencia en esas instituciones; necesita de un régimen electoral abierto y equitativo; pero por encima de todo necesita de la participación ciudadana. Y la participación ciudadana está íntimamente vinculada a la información. Entonces, ¿a qué voy yo? A que es importante regular que dentro de esa democracia todo el mundo tenga buena información, de calidad, que quiere decir diversidad de medios y pluralismo de ideas. A nadie se le está diciendo qué es lo que se debe decir, que eso sería la censura, meterse en los contenidos. Pero sí se está diciendo, por ejemplo, que los monopolios son una amenaza, un atentado contra ese pluralismo de ideas. En Estados Unidos, que empezó con esto hace mucho tiempo, era y creo que sigue siendo ilegal, por ejemplo, que quienes eran dueños de un canal de televisión en una ciudad o en un distrito fueran al mismo tiempo dueños de un periódico escrito. Y uno puede pensar, ¿qué sentido tiene? Bueno, el propósito de los legisladores en ese momento era que la gente pudiera balancear entre lo que había en el noticiero de la televisión y lo que leía en el periódico. Ese es el principio básico, y pongo el ejemplo de Estados Unidos porque es la sociedad más liberal que conozco en el tema de prensa y de comunicación. Entonces hasta en las sociedades más liberales se regula, porque si no, se está violentando un derecho más amplio, que es el derecho de la sociedad. Ese es el argumento. No es que se esté creando censura, no es que se esté limitando el contenido. Es que simplemente se le está garantizando a la población que va a tener diferentes puntos de vista con los cuales va a tener el derecho de contrastar opiniones y visiones. Y llegar a sus propias conclusiones.
—¿El proyecto de ley uruguayo va en el sentido de las legislaciones de países con democracias sólidas?
—La tendencia es que estas leyes que están viniendo a América Latina son muy parecidas a las leyes europeas de ya hace varias décadas. Incluso en la terminología; antes hablábamos de telecomunicaciones, pero con el Internet y la telefonía celular ahora se habla de servicios audiovisuales. Esa es una terminología que surge en Francia, en España, en las legislaciones europeas. En esto de nuevo Unesco ha jugado un papel muy importante porque ha llevado un análisis de legislación comparada, y eso ha ayudado a generar estándares internacionales. La legislación puede variar de país a país pero los estándares y los principios son los mismos. Yo le diría que la ley que se está discutiendo en Uruguay está dentro de los estándares internacionales. De hecho, América Latina está llegando tarde a este debate.
—¿Cuándo se empezaron a producir estas legislaciones?
—En Estados Unidos eso viene de principios de siglo. Mucha gente cita el caso de Sullivan vs. The New York Times. Si uno ve la Relatoría de la Comisión Interamericana, que empieza en el año 2000, vamos trece años avanzados en el proceso. Pero muchas de estas normas del sistema interamericano surgieron mucho antes en Europa y en otros países. No estamos hablando de algo novedoso, ni del siglo XXI; surgieron en el siglo XX.
—En América Latina ya hay varias leyes de comunicación audiovisual. Usted ha criticado la de Ecuador. ¿Por qué?
—Yo critiqué la ley de Ecuador muy de primera por dos temas que me parecen importantes. Una ley puede tener cosas chicas que se pueden corregir pero también puede tener un defecto grande, de fondo, que es lo que pasó en Ecuador. La ley de Ecuador tiene dos cosas: una que me molesta por el término, que es el término de “linchamiento mediático”, que aunque no tiene grandes sanciones, el concepto es equivocado. Pero eso era muy derivado de que el presidente (Rafael) Correa siente que la prensa lo persigue, que hay un complot, lo cual no es cierto. Un funcionario público, cuando asume la función pública, debe estar dispuesto a que lo critiquen. La función pública va con el escrutinio público, o sea que la población lo tiene que observar, analizar y evaluar, y eso va con la crítica pública, válida o no, porque aunque sea inválida igual es un derecho. Entonces yo me oponía a ese concepto. Hasta la difamación estoy proponiendo que debe despenalizarse, y no debe aplicarse a los políticos, entonces mucho menos el linchamiento mediático. Lo otro, que es lo más preocupante, es que se crea una superintendencia de comunicaciones. En muchos países la superintendencia es para el manejo de las frecuencias, ese es un uso legítimo. Pero aquí la superintendencia de comunicaciones es para evaluar las comunicaciones y, dice, aplicar una sanción ulterior. Pero sanción ulterior del Ejecutivo, porque cuando se habla de responsabilidad ulterior puede ser una responsabilidad administrativa pero normalmente es judicial. Si uno está violando derechos de la niñez, es la aplicación de la ley. Entonces para mí con la creación de esa superintendencia, un órgano de censura, que su sola existencia es intimidatoria, se anuló la validez de esa ley.
—En el caso del proyecto de ley uruguayo hay un Consejo de Comunicación Audiovisual que sería el encargado de aplicar la ley…
—…y que en todos los países del mundo existen. Lo que varía son los niveles de autonomía. Eso no es nada nuevo, no es que Uruguay se vaya a inventar un monstruo extraño, sino que todos los países lo tienen. ¿Por qué? Porque como las frecuencias son un bien del Estado, para uso de todos y beneficio de todos, deben ser reguladas por el Estado.
—¿Cómo ve la conformación del Consejo de Comunicación Audiovisual?
—Todos los órganos reguladores deben ser colectivos —no unipersonales, con un superintendente, como hay en muchos países— y este lo es. Segundo, deben ser independientes en el sentido de no estar controlados por el Poder Ejecutivo, y eso también cae de su lógica, porque lo que no quiere es que el Poder Ejecutivo, que es el poder político, reproduzca su esquema de poder, ni censure la crítica pero tampoco esté promoviendo su consolidación en el poder. A mí me parece que es elemental, entonces lo importante es que los órganos reguladores funcionen con la mayor independencia. ¿Cómo se logra eso? Normalmente, en casi todos los países, con que sean nombrados por el Parlamento y no por el Ejecutivo. Y aquí para mí el fallo que sí tiene es que, aunque es colectivo y tiene representatividad diversa de organismos, son todos del Ejecutivo, y le agregaron, lo cual es bueno, que es en consulta y ratificación del Senado. Pero yo iría un paso más allá, que la consulta con el Senado no sea solo una ratificación sino que sea un proceso de elección que surja del Parlamento. Por ejemplo, en muchos países del mundo —que podría ser aquí la solución— quien preside el organismo es nombrado por el presidente de la República. Perfecto, un miembro. Todos los demás son nombrados por el Parlamento, de diferentes sectores sociales. El Parlamento puede, con cierta apertura, pensar en que tiene que haber ingenieros electrónicos que conozcan de frecuencias, pero también puede haber gente que venga de los empresarios, con experiencia de sostenibilidad de lo que es un medio audiovisual, o gente que venga de las experiencias comunitarias, o de escuelas radiofónicas, o de lo que sea. Me parece que el Parlamento debe jugar con ese balance de personas.
—Ese organismo será el encargado de aplicar la ley. Hay algunos principios que cuesta imaginar cómo pueden ser llevados a la práctica sin que ello implique una censura o un condicionamiento. Por ejemplo, dice que la programación se orientará por criterios de “pluralidad”, “diversidad” y “no discriminación”. ¿Cómo se define si una nota o una entrevista es plural, diversa o no discriminatoria?
—Lo que está estableciendo la ley es un principio, no una obligatoriedad que alguien pueda verificar. ¿Qué es lo que un periodista serio hace? Contrasta opiniones, especialmente con hechos controversiales. Por ejemplo, la contaminación de un río. Uno va, entrevista a quien contaminó, a la empresa contaminante, a las comunidades, de repente a un experto en el tema que pueda evaluar la calidad del agua. Ese es el periodismo serio, en el que uno se toma la molestia de escuchar distintas voces. En medios audiovisuales para mí lo más importante es que cuando se habla de diversidad y pluralismo estamos hablando de diversidad de medios, que genera de por sí un pluralismo porque una cosa son los medios comerciales, otra cosa son los medios comunitarios, que de por sí van a tener posiciones diferentes, y otra cosa son los medios públicos. Y en algunos países se recomienda medios de grupos étnicos y culturales, mayoritarios o minoritarios. Entonces para mí solo con lograr esa diversidad de medios se logra el pluralismo. Eso para mí no es meterse en los contenidos, en el sentido de que no está diciendo qué es lo que pueden publicar, ni cómo.
—Pero si un medio no cumpliera con esos principios, ¿eso no implica que el regulador actúe en consecuencia?
—No va a decir “lo vamos a cerrar”. No, de hecho los medios tienen una línea editorial y la defienden. Algunos la defienden con calidad profesional y pueden ver diferentes ideas, y otros defienden su línea editorial sólo con una visión.
—En el proyecto aparece un capítulo de autorregulación, que establece criterios por los cuales los medios deben regularse a sí mismos, pero dentro de lo que establece la ley. ¿No es una contradicción que los medios tengan que autorregularse de acuerdo a los criterios de la ley?
—Yo creo profundamente en la autorregulación pero no sé si deba estar en la ley, me parece que de repente no. Pero si la ley tiene principios de democratización, la idea de la autorregulación es que esto surja con los mismos principios. Porque ¿qué es lo que la autorregulación de periodistas busca? Elevar la calidad profesional y garantizar la ética profesional. Uno asume que son elementos en los que todos coincidimos. Entonces la autorregulación, pues cae de su peso. Algunos no la ponen en la ley misma sino que la ponen como un documento aparte o incluso les piden a los medios que generen sus propios reglamentos de ética.
—¿Pero cuál es el sentido de pedir una autorregulación que debe seguir los criterios establecidos en una ley?
—Me imagino que la idea es que si el criterio es el manejo más democrático de los medios, la autorregulación es una autorregulación de inspiración democrática, y viene del medio mismo. En la ley, salvo los elementos de protección a la niñez, en general lo demás es regulación del manejo de los medios en cuanto al uso de las frecuencias y todo lo demás. Entonces la autorregulación es aplicable a cómo maneja uno los contenidos desde el punto de vista profesional y ético pero con libertad. Creo que habría que sacarlo del proyecto.
—El capítulo referido a los derechos de los niños y adolescentes es el que presenta más restricciones para los contenidos. Por ejemplo, no se podrían pasar escenas violentas o truculentas durante el horario de protección al menor. ¿Cómo se puede evitar que eso impida la información sobre los hechos? Hay un ejemplo muy citado: el atentado contra las Torres Gemelas ocurrió de mañana, y es impensable que no se mostraran las imágenes, que son violentas y truculentas. Usted propuso como solución que los presentadores adviertan al público de que lo que van a ver puede herir su sensibilidad.
—Es una solución a algo que yo considero un caso excepcional. No hay que hacer de las excepciones la problemática principal. Siempre vamos a tener noticias de inmediatez, del momento, que haya que cubrir. Lo de las torres en Nueva York era fundamental porque afectaba todo el esquema de seguridad regional hemisférico, cambió la política migratoria inmediatamente, estar informado era una necesidad.
—Otro ejemplo es la difusión de imágenes de los ataques con armas químicas sobre la población de Siria, que mostraban los cadáveres de las víctimas.
—Las escenas de lo de Siria eran más dramáticas porque eran niños. Por eso la idea es que usted tiene una norma general y a esa norma general le puede establecer excepciones. Porque tampoco es cierto que todos los días se estén difundiendo noticias así. ¿Qué pasa con un accidente de tránsito? Yo creo que la prensa debe manejarse con mucho cuidado. Yo he visto casos en los que familiares incluso se enteran de un accidente porque la prensa va y fotografía el cadáver de la persona que quedó prensada en el carro, y el carro todo chocado. Este tipo de cosas no tiene sentido. Porque un motivo es proteger a la niñez, pero el fenómeno contrario es que la violencia vende. Si no, que lo digan los tabloides. ¿Qué es lo que hace Rupert Murdoch con sus periódicos? Entre jovencitas semidesnudas en bikini o noticias de violencia, y mucha foto y poco texto, así se venden los tabloides, es precisamente la esencia de un tabloide, y es precisamente el periodismo que no queremos, generar este morbo de la violencia en la población, mucho menos en la niñez. Pero creo que es válido cubrir seriamente una noticia que sí se debe cubrir. Entonces yo proponía esta solución. Dicho sea de paso, la FCC (Federal Communications Commission, regulador de Estados Unidos), volviendo al país más liberal de la prensa, tiene la misma regulación: el horario de protección al menor es de 6 a 22. No es nada novedoso que lo esté haciendo Uruguay.
—¿Entonces el Consejo de Comunicación Audiovisual debería distinguir cuando se trata de una noticia que hay que cubrir o cuando se trata de un intento de provocar el morbo?
—Cuándo es una noticia que hay que cubrir y cuál es la forma de cubrirla. Porque en último caso lo que está tratando de hacer es evitar el daño traumático a la niñez. Y si tiene forma de evitar ese daño traumático hay una obligación de hacerlo. Entonces, ¿cómo lo hace? Advirtiendo: “Saque a los niños”. Y no sólo a los niños, ojo, hay personas que han sufrido traumas. Una mujer que sufrió una violación, o alguien que sobrevivió a un accidente de tránsito, y cosas así en las que de repente una escena de violencia, de sangre, sin prevenirlos, puede causar problemas.
—Los canales de televisión y las agencias de publicidad criticaron el proyecto. Varios juristas plantearon en el Parlamento que la ley viola la Convención Internacional de Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica, además de la Constitución; incluso dijeron que el Estado podría incurrir en responsabilidad patrimonial. ¿Usted cree que en el texto del proyecto uruguayo hay alguna posible violación a los convenios internacionales?
—Honestamente no creo. Yo miro la ley de Uruguay dentro del contexto que son la mayoría de las leyes del mundo, y dentro del contexto de los principios básicos que en el mundo entero se han aplicado. Yo creo que hace mal Andebu en dramatizar. Creo que puede tener críticas a la ley, que las presente en el Parlamento y que diga que hay que modificar tal cosa. Pero, por ejemplo, alguna gente ha dicho “esto es una ley mordaza, esta ley nos va a llevar a la quiebra”. Primero, todo el mundo sabe que eso no es cierto. Los medios no van a ir a la quiebra por eso, no es una ley mordaza que les está limitando su libertad de expresión. A mí me parece que eso no tiene sentido. Lo que hay que evitar es la polarización y el enfrentamiento que se ha dado en este tema porque cuando se habla de diversidad es la posibilidad de que pueda haber medios en manos de comunidades locales.
—Otro argumento de los canales es que con esta regulación, que solo abarca a los canales uruguayos, queda por fuera toda la programación que llega a través de la televisión para abonados y de Internet. Entonces sostienen que se perjudicará a los canales uruguayos porque las personas no podrán ver ciertas cosas en la televisión abierta y gratuita pero sí por el cable o Internet. ¿Qué dice sobre eso?
—Con el cable va a pasar lo que está pasando con Internet, y depende de cómo se regule el cable. Pero, por ejemplo, en el cable sí se puede regular el horario de protección a la niñez, pero en Internet ni eso. Ahí reconozco que hay espacios, especialmente Internet, donde la regulación va a ser progresivamente más difícil y donde el avance de la tecnología va más rápido que la regulación. Entonces ¿qué es lo que le queda al Estado ahí? La prevención, las políticas de prevención. Porque hay que reconocer que las leyes son una garantía mínima, un respaldo de que de ahí no baja, pero adicionalmente a eso hay que tener políticas. Alguien me preguntó por la educación. Creo que es fundamental. Si no se puede regular Internet, el problema va a ser prevenir. Por varias razones: una porque uno aprende a pensar, a razonar y a expresarse, entonces se debe generar desde la familia, la sociedad y el Estado espacios de protección a esa expresión y a la autoestima. Pero al mismo tiempo a la inversa, prevenir a través de la educación el daño que puedan causar estos medios mal utilizados.
—La publicidad oficial no se menciona en todo el texto del proyecto. Eso ha sido criticado porque se considera que es una de las herramientas más comunes para condicionar a la prensa.
—Los cuatro relatores de libertad de expresión lo hemos dicho: la publicidad oficial puede ser una forma de censura indirecta, y lo es. Es una forma de castigar a las voces críticas o de apoyar a las voces amigables, y eso es una violación clarísima a la libertad de expresión.
—¿Y cree que el proyecto debería incluir algo al respecto?
—Por lo menos a nivel de principios. Lo difícil con el problema de la publicidad oficial es establecer normas con demasiada precisión. Uno establece principios. Por ejemplo, si el gobierno va a divulgar un comunicado, ¿escoge el medio de más difusión o le tiene que dar a todos los medios? ¿Cómo se cubre más? ¿A qué público va dirigido el mensaje? Ese tipo de cosas es todavía muy discutible. Pero el principio sí es que la publicidad oficial debe ser idealmente reglamentada por el mismo Estado para darla con garantías de no preferencia, de no privilegiar a un sector. Después puede haber criterios de tamaño del medio, del público al que llega, de efectividad, de profesionalismo, pero que el criterio no sea político. Sí, lo metería en la ley.
—El proyecto propone que al menos el 60% de las programaciones sean de producción nacional. ¿Está de acuerdo?
—Los porcentajes sirven de techo, no de meta. Y también es cierto que con la digitalización el volumen de frecuencias se multiplicó geométricamente. Entonces tampoco debería ser una gran preocupación. El porcentaje de elaboración de contenidos tiene una ventaja. Por ejemplo, en Guatemala el programa televisivo más popular entre los niños era el conocido “El Chavo del Ocho”. El lenguaje cambió. Allá todo el mundo habla del “chavo”, la “chava”, y esos eran términos mexicanos. Modificó el idioma del país. A mí me gustaba mucho el programa, efectivamente está bien pasar ese programa pero no está bien que, por ejemplo, Guatemala tenía casi nula producción nacional, entonces todo lo que teníamos venía de México. Y después las telenovelas de Colombia, que ahora tenemos todas las telenovelas del narco, “Las princesas del narco”, “Las muñecas del no sé qué”, todo es la glorificación de las novias de los narcotraficantes. Tampoco es eso lo que uno quiere que la gente esté viendo. Yo no lo prohibiría, no lo censuraría, pero sí creo que ahí es donde vale la pena poner un porcentaje, por lo menos mitad y mitad, que la mitad de la producción sea nacional.
Búsqueda, 05 de setiembre de 2013
