A 32 AÑOS DE LAS ELECCIONES DEMOCRÁTICAS QUE TERMINARON CON LA DICTADURA
PRIMERA ENTREGA
Aquella mañana despuntó borrascosa y fría. Muchos no habían dormido por escuchar por la radio el devenir de acontecimientos que, vislumbraban, marcarían sus vidas y las de las generaciones venideras. Tal vez alguno haya subrayado en su calendario la fecha, seguramente los más no lo hicieron. Pero aquel 27 de junio de 1973 quedaría cincelado en el ánimo hasta del más estoico. El sonar de sables y comunicados estaba mostrando que nada sería igual y que sucumbía en agonía larga y dolorida un Uruguay que algún día se creyó exento a flagelos como el que estaba surgiendo. El país de la bonanza se había colocado en la cola del matadero... Superada la pesadilla motinera, el campo opositor revisó sus filas, anotó dramas, examinó tragedias. Pero no ha podido superar, pese al tiempo transcurrido, el nefasto legado dejado por la dictadura, que sigue hasta el día de hoy quebrantando al entramado social: la realidad es que los muertos y desaparecidos de los años de plomo continúan apelando a la conciencia nacional.
Durante la década de los '70 diversos "procesos" militares se instalaron en el cono sur latinoamericano. Para algunos se trata de un período a olvidar, pero la herencia que aquellas dictaduras ha dejado impide que ello ocurra, y aquellos dramas continúan sellando el presente de estas naciones.
Uruguay no es la excepción: varias décadas después de reconquistada la vida democrática, los aspectos más lacerantes de las políticas de estado impulsadas en el pasado, entre ellas la sistemática violación de los derechos humanos, sigue promoviendo debates y polémicas, que se ven reflejados en el quehacer institucional, en los medios de prensa, y en el devenir cotidiano de la gente.
Algunas "autocríticas" militares han contribuido al debate, como por ejemplo la realizada hace algunos años por el militar argentino Martín Balza, quien reconoció los "errores" en materia de derechos humanos y sostuvo que no se debía "olvidar el pasado" sino se quería tener como castigo que las tragedias se repitieran. Sin embargo la recomendación del general no encontró eco en sus pares de los otros países, como en el caso de los altos mandos uruguayos, quienes públicamente han insistido hasta el día de hoy en rechazar cualquier "planteo revisionista".
Pero pese al esfuerzo de las cúpulas militares por mostrarse sin fisuras, en la interna militar no ha habido unanimidades, y algunas voces disidentes se han hecho escuchar también en nuestro país. Así por ejemplo, durante la administración de Julio María Sanguinetti, algunos militares sumaron su apoyo a las propuestas para conocer el destino final de los detenidos desaparecidos realizadas por el Arzobispo Pablo Galimberti. Uno de ellos fue el Coronel del Ejército Luis Agosto, quien reclamó soluciones al tema en nombre de la "unidad nacional" y de la necesidad de "superar enfrentamientos".
Los planteos autocríticos pronunciados en otras latitudes fueron apoyados por altos militares estadounidenses, entre ellos por el General Barry Mc. Caffrey, comandante en jefe del Comando Sur de los EEUU, quien había invitado a las fuerzas armadas de estos países a revisar "las atrocidades de los años '60 y '70".
El militar además se había mostrado arrepentido por las políticas impulsadas por su país, al haber sido sostén de estos regímenes, lo cual fue visto como un claro intento de diluir la responsabilidad de EEUU en el drama del continente. Cabe recordar que durante muchos años importantes dirigentes norteamericanos manifestaron reiteradamente que gracias a las dictaduras se había podido "superar la preocupación" por los asuntos vinculados a la seguridad hemisférica.
TODA LA VERDAD
Lo concreto es que al debate puntual sobre las herencias del pasado se la ha sumado el reclamo de viejas y nuevas generaciones de conocer "toda la verdad", valga la cita jurídica, como única forma de que el país pueda consolidar su democracia.
Esa búsqueda fue promoviendo la realización de todo tipo de investigaciones, estudios, trabajos periodísticos, análisis sociales, políticos y económicos, a la vez que ha inspirado a la creación artística. Escritores, músicos, plásticos, cineastas, etc., han producido una copiosa cantidad de obras sobre las dictaduras instaladas en América Latina.
Prácticamente existe consenso entre los más diversos actores sociales y políticos en señalar que aquellos "procesos" no pueden ser definidos con los mismos parámetros con los que se identificó a las añejas autocracias que afectaron a numerosos países latinoamericanos durante las primeras décadas del siglo XX. En general era públicamente reconocido que había "diferencias cualitativas entre las viejas tiranías y estos regímenes".
Pero adonde no hay coincidencias es en cuanto a la forma de categorizarlos, es decir en cuanto a cómo definir aquellas formas de autoritarismo. Para algunos analistas las dictaduras de los '70 fueron "expresión del estado militarizado", para otros el "retoño del fascismo y la sustitución de una forma estatal por otra". Y a estas dos posturas, antagónicas en muchos aspectos, se le podrían sumar otras.
También ha habido un intenso debate sobre las razones por las cuales regímenes opresivos se instalaron en gran parte del continente y sobre quienes fueron sus reales sostenedores. Al respecto cabe recordar, porque son ilustrativas, las palabras del legislador Héctor Gutiérrez Ruiz (que más tarde sería asesinado junto con el también parlamentario Zelmar Michelini).
Interrogado al respecto dejó entrever que había factores internacionales y que no era casual que en la misma semana en que se producía la crisis institucional uruguaya, una similar había afectado a Chile y que poco antes se habían producido "los oscuros hechos de Ezeiza en la Argentina".
"Creo que el esquema brasileño es algo evidentemente importante en nuestro golpe de estado", había agregado en sus declaraciones. No mucho después de conocidas sus palabras sendos movimientos militares acabarían con las instituciones democráticas en esos países. Su opinión concordaba con la de otros políticos uruguayos.
Pero además, pocos días antes de producirse el quiebre institucional en el Uruguay, el propio Juan María Bordaberry, quien a la postre encabezaría a los golpistas, había reconocido sus "simpatías" con el régimen autoritario brasileño, con el cual tenía "muchos puntos en común", según confesaba. La dictadura de ese país, entronizada en 1984 a partir del derrocamiento del presidente constitucional Joao Goulart, fue la primera en aplicar en el continente la denominada "doctrina de seguridad nacional", que partía de la base de que en estos países había que derrotar a los "enemigos internos" que supuestamente habría entre la población.
Cuando en el Uruguay se instala la dictadura, hacía casi una década que habían sido abandonadas las ideas desarrollistas y abandonada la teoría del "Estado de Bienestar", concepciones éstas que reinaron durante un largo período histórico. En la práctica fueron sustituidas por políticas inspiradas en la libertad absoluta del mercado, que produjeron profundos cambios en lo político, lo educativo, lo económico y lo social.
LA LARGA NOCHE
El 27 de junio de 1973, a las 05.00 de la mañana, el Poder Ejecutivo, dirigido por Juan María Bordaberry, da a conocer a la opinión pública el decreto Nº 464/973 por el cual: 1º) se declaran "disueltas la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes"; 2º) se crea "un Consejo de Estado, integrado por miembros que oportunamente se designarán (...); 3º) Se prohíbe "la divulgación por la prensa oral, escrita y televisada de todo tipo de información, comentario o grabación que directa o indirectamente, mencione o se refiera a lo dispuesto por el presente decreto atribuyendo propósitos dictatoriales al Poder Ejecutivo, o pueda perturbar la tranquilidad y orden públicos"; y 4º) Se faculta a "las Fuerzas Armadas y Policiales a adoptar las medidas necesarias para asegurar la prestación ininterrumpida de los servicios públicos esenciales".
Los golpistas sostenían, según se desprende del decreto liberticida, que el país asistía a un "grave descaecimiento" fruto de la "acción delictiva de la conspiración contra la patria" coaligada con la "complacencia de grupos políticos sin sentido nacional". Y que las organizaciones sindicales, la enseñanza en general y los "propios poderes del Estado", padecían de "penetración".
La ruptura institucional no fue algo imprevisto. Durante los días anteriores los rumores habían ganado la calle. Pocas horas antes de concretarse, desde la publicación de extrema derecha Azul y Blanco, impulsora de la asonada militar, se había sostenido que era necesario que el Presidente se convenciera de una vez "que si estamos en guerra, la guerra hay que tomársela en serio y que la firme voluntad de ganarla supone que las consideraciones de seguridad deben primar sobre las consideraciones políticas".
Años después, Bordaberry, entrevistado por un medio de prensa, manifestaría que cuando firmó la disolución de las cámaras no le había temblado la mano "porque tenía la plena convicción de lo que estaba haciendo". Cuando lo hizo el entonces presidente estaba claramente inclinado hacia el sector más conservador de las Fuerzas Armadas, que tenía entre sus símbolos al General Esteban Christi, comandante de la región militar número 1, la más poderosa del país.
Hacia mediados de los '80, recuperadas las libertes democráticas, el General Hugo Medina, procurando justificar lo ocurrido, argumentaba que el vacío de poder que, según él existía previo al golpe, había sido llenado por los militares "porque constituyen la única organización coherente, con jerarquía, que puede decir yo mando y los demás obedecen".
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