domingo

LA REPÚBLICA PERDIDA (2) - RICARDO AROCENA



1984 -25 de noviembre- 2016

A 32 AÑOS DE LAS ELECCIONES DEMOCRÁTICAS QUE TERMINARON CON LA DICTADURA


"NO NACIMOS PARA ESCLAVOS"

Cuando el golpe se concreta, estaba reunida la Cámara de Senadores, cuyos miembros se pronunciaron en forma tajante contra lo que estaba ocurriendo. Los discursos de los representantes de todo el espectro político dieron la pauta de que ninguna fuerza como tal estaba dispuesta a acompañar al régimen que estaba naciendo.

Expresando la opinión del Frente Amplio el senador Enrique Rodríguez manifestó: "Después de esta jornada aciaga, en la dura lucha, en las confrontaciones, en la sangre que seguramente verterán los que han llevado al país a esta encrucijada... más allá de todo esto, surgirá un pueblo que como aquí se ha dicho, no ha nacido para ser esclavo. Y, en el centro de ese pueblo -que nadie lo dude, que nadie tenga un asomo de duda- estarán las fuerzas que componen el núcleo político que nosotros representamos".

En nombre del Partido Nacional intervino el senador Dardo Ortiz. "Yo no sé si la historia de esta ignominia será corta o será larga. Habrá quienes rodeen al nuevo poder como los cuervos que esperan alimentarse con nuestros despojos (...), sé que quienes nos agobian hoy con su prepotencia y su cobardía, incapaces de vencernos con razones, dejarán sin duda una herencia materialmente cuantiosa, pero moralmente miserable. ¡Pobres de ellos!"

Por la mayoría del Partido Colorado habló Amilcar Vasconcellos, quien expresó: "Hay vencedores efímeros que las hojas del tiempo de la historia desparraman, y se olvidan hasta del odio de los pueblos. Ellos se sentirán vencedores, y muchos serviles y miserables se acercarán para decorar una situación momentánea, pero ya sentirán también el látigo de la historia sobre sus nombres y el de sus hijos, como una mancha indeleble por la inmensa traición que están cometiendo"



"EJEMPLAR FIRMEZA"

En la misma noche del golpe, en la clandestinidad, en la barriada de La Teja, se reúne el Secretariado de la Convención Nacional de Trabajadores (C.N.T.). La Central decide responder con una Huelga General por tiempo indeterminado y la ocupación de los lugares de trabajo. En su llamamiento a la población exigía la "plena vigencia de la libertad sindical y política", "la libertad de expresión" y el "restablecimiento de todos los derechos constitucionales", entre otros reclamos.

A las medidas adoptadas por el movimiento sindical el gobierno responde declarando ilícita a la Central e incautando sus bienes, además de requerir públicamente a los dirigentes y ordenar su captura. Con las primeras horas de la mañana numerosos contingentes de trabajadores ocupan los lugares de trabajo y el país todo se paraliza, en lo que sería el comienzo de una de las huelgas generales más extensas y generalizadas ocurridas hasta el momento en el mundo, según lo constatara incluso hasta la BBC de Londres.

El movimiento estudiantil se suma a la protesta ocupando los centros de estudio. Toda clase de actividades son promovidas por parte del campo popular y son reprimidas: los detenidos en los primeros días de huelga se suman por miles, obligando al Poder Ejecutivo a habilitar al Cilindro Municipal como centro de reclusión.

El Frente Amplio y el Partido Nacional apoyan públicamente la resistencia popular, firmando una declaración conjunta con la que reafirman la "más amplia y fervorosa solidaridad", y saludan la "ejemplar firmeza con la que los trabajadores vienen desarrollando la lucha por las libertades públicas". El Claustro General, órgano máximo de la UDELAR, por su parte, en resolución fechada el 6 de julio de 1973, se suma a la "ejemplar resistencia al golpe de estado", lo que asegura la "salida positiva que anhela el país...". También la Iglesia proclamó la vigencia de las instituciones democráticas.

Es en este marco que las fuerzas opositoras convocan a una manifestación para el 9 de julio, a las 17 horas, "por 18". Dada la situación la convocatoria se realiza "boca a boca", aunque hubo quienes se las ingeniaron para hacerle llegar a la población la información, como el locutor Rubén Castillo, quien en su programa radial recitó una y otra vez el poema de Federico García Lorca "A las 5 en punto de la tarde".

La prensa internacional testimonia que "blancos, colorados, frenteamplistas, de todos los sectores políticos y sociales, una verdadera marea de gente, prácticamente se lanzó sobre la principal avenida. Eran jóvenes, madres, señoras, hombres con más o menos edad (...) en verdad aquello fue una ola humana".

Al cabo de 15 días de huelga, la medida debió ser levantada, pero desde el movimiento sindical se observaba que había servido para "aislar al régimen a nivel internacional, abrir caminos de resistencia, y condenarlo a la carencia más absoluta de apoyo". A partir de ese momento la protesta popular tomaría otros rumbos.



EL FIN DEL PRINCIPIO

Ya caído el régimen militar, las organizaciones de derechos humanos evaluaban que el Uruguay había sido el país que proporcionalmente tuvo más presos políticos y "uno de los que más sistemáticamente aplicó la tortura". A partir de 1976 el país se había sumado a un sistema secreto de vigilancia y para el "asesinato de refugiados disidentes", de acuerdo a lo divulgado por aquel entonces por la prensa internacional, y en particular por el periodista norteamericano Edward Herman, en su libro "The Real Terror Network".

Los países que coordinaban eran Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay y el nombre de aquella asociación era el de "Operación Cóndor". De acuerdo a lo denunciado por el periodista, en lo que a nuestro país respecta, las fuerzas de seguridad argentinas le permitían a sus similares uruguayas ingresar al país y moverse libremente. Y hasta tomar bajo custodia a los refugiados. "Bajo este sistema, dos ex legisladores uruguayos (...) fueron secuestrados y asesinados en Buenos Aires", denunciaba.

El dirigente político chileno Volodia Teitelboim estuvo entre los primeros en sostener que la "Coordinación Cóndor" también había promovido los asesinatos de sus conciudadanos Prats y Letelier y del boliviano Juan José Torres, entre otros, información que se comprobaría plenamente con el correr del tiempo. 

Por aquel entonces los militares argentinos manifestaban sin ruborizarse que en su país tendría que "morir la gente que sea necesario, para que retorne la paz", palabras textuales del Teniente General argentino Rafael Videla pronunciadas en Montevideo poco antes del golpe que lo llevaría al poder. Por su parte Bordaberry, el dictador uruguayo, en reportaje aparecido en el diario El País proclamaba que pocos podían dudar de que "en el mundo se está librando la tercera guerra mundial".

Hasta el Senado de los EEUU se hizo eco de las denuncias sobre la violación de los derechos humanos en nuestro país. El Senador E. Koch, en una de las sesiones, adonde se discutió sobre la "cuestión Uruguay", exigió que se tomaran medidas de parte del gobierno norteamericano porque la ex Suiza de América se había transformado en "un osario". 

La Operación Cóndor no sucumbió con la dictadura. Reinstaladas las instituciones democráticas en nuestros países, continuó funcionando, al punto de organizar "operativos" de secuestro y asesinato. Tal fue el caso de lo ocurrido por estas latitudes con el científico chileno Eugenio Berríos quien fue eliminado cuando se aprestaba a echar luz sobre el funcionamiento de la coordinación represiva. Como se recordará su cadáver fue encontrado en la costa uruguaya.

Berríos había huido de su país con el apoyo de integrantes de los servicios de inteligencia del Uruguay y de Chile. Intentaba eludir la citación de la justicia trasandina, que investigaba el asesinato en Washington de Orlando Letelier, ex ministro del gobierno socialista de Salvador Allende. Durante la dictadura pinochetista había sido responsable de la fabricación de armas especiales que fueron utilizadas para la eliminación de opositores.



LA PATRIA FINANCIERA

La política económica del nuevo régimen fue siendo delineada en sucesivos "cónclaves", y se inspiró, según lo reconocieron sus propios impulsores, en las tesis del economista Milton Friedman. Los militares sostenían que sus objetivos eran el desarrollo y la estabilidad, para lograr los cuales su equipo económico promovió que hubiera una economía abierta, en la que reinaran libremente "las fuerzas espontáneas del mercado". En otras palabras renunciaron a cualquier contralor por parte del Estado, al cual procuraron reducir, a la par que favorecieron el ingreso de inversiones extranjeras y promovieron numerosas medidas de respaldo al sector financiero.

Las medidas económicas facilitaron el ingreso de los denominados "capitales golondrinas" y un aumento de las reservas. Pero por otro lado los trabajadores terminaron sufriendo una drástica caída del salario real. Los productores rurales tampoco se vieron favorecidos y acabaron por manifestarse en situación de "crisis", mientras que la Cámara de Industrias protestaba porque la economía estaba dejando de ser "de producción", para transformarse en una "de especulación".



EL TÚNEL

A mediados de 1976, en Argentina, Zelmar Michelini, evaluando en un extenso informe la situación política uruguaya, sostenía que en el gobierno había tensión y que desde hacía un año en el Ejército había cobrado fuerza, impulsada por el General Esteban Crhisti, la tesis de que el "proceso" no podía interrumpirse. En otras palabras, que sea como fuere debía continuar.
Con el objetivo de crear una "nueva institucionalidad" que les permitiera consolidarse en el poder, los militares gobernaron a través de "Actos", que justamente comenzaron a promulgarse a partir de aquel año. Son transparentes los intentos de darle una "expresión legal" al régimen. El primero de esos "actos institucionales" suspende la convocatoria a elecciones, el segundo, promulgado poco después de defenestrado Bordaberry, crea un Consejo de la Nación y el tercero crea el Ministerio de Justicia.

El "Acto Nº 4" suprime por quince años los derechos políticos de todos los candidatos de las dos últimas elecciones habidas en el país. Y el número 7 legaliza la expulsión del estado de todos aquellos que son considerados "una amenaza para la seguridad" nacional. Pero además de estas medidas el gobierno dictatorial elabora un "cronograma", o sea una secuencia de instancias, que en su opinión, debía desembocar en un gobierno constitucional. Como primer paso, para lograr ese objetivo, promueve la aprobación de una nueva Constitución. 

La nueva Carta Magna debería ser sancionada, según sus planes, en 1980, y sería el primer paso para que al año siguiente, estatuto de los partidos mediante, se eligiera un solo candidato presidencial. El General Queirolo, prominente portavoz militar, anunciaba en tanto que "solamente" serían levantadas las proscripciones de aquellos que "colaboraron espontáneamente, sanamente, con el proceso que estamos desarrollando".

Los sectores opositores hicieron sentir su repudio al proyecto militar, denunciándolo como "incondicionalmente antidemocrático". Subrayaban que no era una salida "sino exactamente lo contrario: el mantenimiento del régimen bajo una máscara distinta". En su opinión el planteo era de una enorme peligrosidad y buscaba "frustrar el proceso real de apertura", procurando "crear expectativas" con el objetivo de evitar "la convergencia de las fuerzas que le son adversarias". 
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