ESTUDIANTINA (5) - RICARDO AROCENA

Los organismos internacionales, el conflicto educativo, el Presupuesto Nacional, los estudiantes, los trabajadores y algunos hitos en la historia de la Universidad de la República, en su relación con la sociedad uruguaya.

EL FIN DEL ESTADO DE BIENESTAR

Durante los “60” el Uruguay asiste al fin del Estado de Bienestar y comienzan a aplicarse políticas monetaristas que con retoques se han mantenido hasta el presente. En el marco de un país convulsionado y con el movimiento estudiantil movilizado en torno a la FEUU, la Universidad dirigida por Oscar Maggiolo, se enfrenta al poder político, en particular en lo referente al Presupuesto, pero también por la violación de las leyes y del estado de derecho.

Con poca suerte Maggiolo impulsó un plan polémico en la interna universitaria, que no fue comprendida por sectores estudiantiles, pero que visto en perspectiva puede decirse que expresaba una filosofía democrática y que procuraba un vuelco académico. Pero el ahogo presupuestal impidió que la propuesta prosperara.

Dos hitos encuentran a los órdenes universitarios entrelazados con los intereses populares: el Congreso del Pueblo y la formación de la Convención Nacional de Trabajadores (C.N.T). Toda una generación de universitarios se forma dentro de los principios plasmados por la Ley Orgánica, la autonomía y el cogobierno, pero también crece empapándose con las realidades de la gente. Auténticos intelectuales orgánicos, forman parte del mejor cultivo de la casa de estudios: su espíritu marcada y profundamente universitario se hará notar en los difíciles tiempos que se avecinan.

Aquellas camadas universitarias, de las cuales aun quedan algunos dignos representantes, promovieron saltos cualitativos en la Universidad, transformaron las aulas en centros de debate sobre lo contemporáneo, incorporaron a cada disciplina aspectos sociales para que no quedaran como meras habilidades técnicas, impusieron el principismo, procuraron estar atentos a las múltiples tensiones que confluían en cada profesión, y a todo esto le sumaron una militancia activa por la causa universitaria y por extensión por la causa del país. De sus manos saldrán proyectos y propuestas que serán recogidos y erigidos como bandera por los sectores populares.

Cuando el 14 de agosto de 1968 una bala policial asesina en las puertas de la Facultad de Veterinaria al estudiante Líber Arce, no solamente muere un estudiante con nombre de consigna. Junto con el muere el Uruguay tolerante, reformista, liberal. Es el inicio de un nuevo ciclo histórico que encuentra a la Universidad francamente enfrentada con un poder político que así como permanentemente agredía las libertades democráticas, también quería controlar a la institución.

Fue el principio de un fin que tendría como corolario, en la madrugada del 27 de junio de 1973, el golpe de estado. Así como digna y firme fue la acción del pueblo ante el liberticidio, igualmente lo fue la de la Universidad: por resolución del Claustro General, la institución se suma a la “ejemplar resistencia al golpe de estado”, para asegurar “la salida positiva que anhela el país a la crisis institucional”.

Ante estas definiciones, pocos meses después, el 28 de octubre, el poder militar interviene a la Casa Mayor de Estudios, detiene a sus autoridades y deja en suspenso los principios consagrados en la Ley Orgánica, imponiendo la Doctrina de la Seguridad Nacional a nivel educativo. Está aun por escribirse la historia de la Intervención, pero como decía Jorge Ares Pons: “a partir de ese momento fue la destrucción de la Universidad”. Y agregaba, como ejemplo, que solamente en la Facultad de Agronomía, en un año, se perdieron “más de 100 años de estudios en el extranjero”.

LA NUEVA ETAPA

La caída de la dictadura trajo consigo la reconquista de la autonomía y el cogobierno. En ese marco y antes de las elecciones de 1984, sectores políticos y sociales suscriben el acuerdo de la CONAPRO, que albergaba compromisos importantes, dirigidos a delinear políticas concertadas en todos los órdenes de la vida nacional. Uno de los acuerdos firmados por unanimidad comprometía a derogar decretos ley de la dictadura de agosto y octubre de 1984, que habían reconocido a una institución privada con un estatus universitario. Pero en marzo del 85, cuando asume el nuevo parlamento, como en tantos otros temas, aquellos decretos-ley fueron refrendados.

Las profundas transformaciones ocurridas en el mundo durante las últimas décadas incidieron directa o indirectamente sobre el quehacer universitario. Desde las altas esferas del poder mundial, ahora globalizado, llegaron propuestas que impulsaban e impulsan una modificación sustancial del país y de sus instituciones, entre ellas también de la Universidad de la República. Según los organismos financieros internacionales, nuestras sociedades se encuentran en un proceso de “desarrollo sostenido” por lo cual deben adecuar su superestructura política y educativa de acuerdo a las nuevas realidades productivas.

Consecuentemente, promueven nuevas concepciones pedagógicas, afines a la “nueva cultura” y “nueva ética” impuesta desde los medios de comunicación y que establece que el nuevo dios al que hay que adorar, es el verbo consumir. Detrás de estas “inquietudes educacionales” de los organismos de “promoción y desarrollo”, no hay otra cosa que un esfuerzo por utilizar a la enseñanza como instrumento de imposición cultural, afín a las políticas económicas imperantes.

Utilizando un paradojal lenguaje posmoderno, pregonan transformaciones, en materia de educación superior, que no expresan otra cosa que el más crudo sometimiento de las instituciones educativas a la lógica de un mercado, cuyas bondades están aún por verse. El nuevo paradigma será el de una educación compatible con los rápidos cambios tecnológicos, que siga la lógica del mercado y que asegure el fácil reciclaje laboral.

En su “utopía regresiva” sueñan con un modelo mundial adonde todo sea uniforme, estandarizado y desechable, y para lograrlo pretenden que nuestras universidades se transformen en meros politécnicos, en los que el desarrollo del conocimiento sea desplazado por cualquier tipo de requerimiento tecnocrático.

Pedro Lapati, un analista de la universidad latinoamericana, sale al paso de tales planteos en forma contundente: “Si las casas de estudio ceden a las presiones externas e internas y ajustan sus carreras a los requerimientos del mercado de trabajo, harán ciertamente una contribución al crecimiento económico, pero no al desarrollo de nuestros países, que requieren transformaciones sociales en las que las profesiones -y las estructuras gremiales y administrativas en las que descansan- juegan un papel determinante. El resultado externo de una política normada por el funcionalismo económico será la instrumentalización de la Universidad a proyectos más o menos agudos, pero todos ellos indeseables, de racionalidad tecnoburocrática”.