DÊNIS DE MORAES, EXPERTO EN COMUNICACIÓN Y CULTURA

INVESTIGADOR BRASILEÑO, EXPERTO EN COMUNICACIÓN Y CULTURA: ´LA LEY DE MEDIOS YA ES UN PARADIGMA PARA LOS PAÍSES VECINOS´ ANALIZA LA CONCENTRACIÓN POLÍTICO-CULTURAL DE LOS CONGLOMERADOS MULTIMEDIA EN 
AMÉRICA LATINA, LA FALTA DE PLURALIDAD Y SUS VINCULACIONES CON EL PODER ECONÓMICO.

El pasaje por la academia hasta alcanzar un grado posdoctoral (Clacso-Argentina), con el nivel de rigurosidad que ello supone, no es un obstáculo para mantener un discurso apasionado. Por el contrario, la militancia política parece comandar en el ánimo del investigador brasileño, Dênis de Moraes (doctor en Comunicación y Cultura de la Universidad Federal de Río de Janeiro), de lanzarse en una exploración -casi antropológica- hecha en distintos países de América Latina para desentrañar el escenario comunicacional actual, dominado por una globalización concentradora en lo económico y excluyente en lo social, donde pocos y grandes conglomerados multimedia acaparan las redes, plataformas y los soportes de la digitalización. Con ello, desactivan las posibilidades de pluralidad que podrían generar las nuevas tecnologías y consolidan la concentración político-cultural. Tesis que desarrolla en su reciente libro La cruzada de los medios en América Latina, editado por Paidós. Pero De Moraes es optimista. Apuesta a la lucha del movimiento popular para enfrentar las desigualdades e injusticias del período de mayor hegemonía del neoliberalismo. Y entiende que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es resultado de aquella lucha denodada de organizaciones sociales, políticas y culturales.
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En un escenario de concentración en el sistema de medios en América Latina, ¿qué posibilidades da la digitalización en términos de diversidad?

Hay una expectativa de que la convergencia digital pueda ser un factor de pluralidad, descentralización de los medios y acentuada posibilidad de libertad de expresión. Pero la realidad muestra que los grupos mediáticos controlan los medios de producción, procesamiento y difusión de contenidos. Hay una contradicción entre la idea de que a más tecnología más pluralidad y lo que observamos. Hay un incremento de oportunidades de participación, producción y creación -particularmente, en el ámbito de las redes sociales y las comunidades virtuales-, pero es algo puntual. La cuestión estructural es que la comunicación digital está bajo el control de los mismos grupos que concentran la propiedad, mientras que la sociedad no tiene acceso a la propiedad, a los medios ni a las tecnologías, por lo menos no en el mismo nivel. Como consecuencia, esto crea una sociedad paralela a la sociedad de los medios, las comunidades virtuales y las redes sociales que, de alguna manera, tienen posibilidades de expandirse por fuera de los controles mediáticos.

Más allá de esta expansión, ¿qué sucede con el acceso a la tecnología?

Hay un acceso estratificado y cada vez más caro, que no está disponible para todos los segmentos sociales. Por otro lado, las clases sociales también presentan una serie de desigualdades en cuanto a los capitales culturales y las posibilidades de utilización de las tecnologías para usos inteligentes, comunitarios y cooperativos. Se hace uso de las redes con fines de entretenimiento, para ampliar el intercambio y para un tipo de sociabilidad que no persigue la formación de conciencia crítica. No es algo negativo, pero hay que despertar las aspiraciones y las intenciones de la gente, que son claramente diferentes. No es suficiente utilizar las redes como entretenimiento y para una sociabilidad despolitizante. En una sociedad desigual, como la latinoamericana, los accesos y usos no sólo están concentrados sino también direccionados hacia asuntos que no cuestionan la sociedad, la cultura, la política ni las relaciones económicas. Es una tendencia a no involucrarse. Por eso creo que sin una transformación estructural de la sociedad no se podrá caminar hacia un cambio expresivo en el uso de las tecnologías y las redes.

¿De qué manera el Estado debería asumir una dirección democratizadora y antimonopólica?

Es necesario comprender el cuadro de Latinoamérica desde una perspectiva histórica. La situación actual no resulta de una voluntad personal o grupal, sino de un proceso de movilizaciones populares, comunitarias y sociales en contra de la herencia nefasta del neoliberalismo en el continente. Hay un origen común en Ecuador, Venezuela, Bolivia y la Argentina, una conciencia de los grupos sociales que sostenían que no era posible continuar con las desigualdades e injusticias del período de mayor hegemonía del neoliberalismo y que era necesario iniciar un proceso de contestación y movilización para exigir al Estado y a las fuerzas políticas progresistas un compromiso más claro con los cambios y la sociedad. Es un proceso que tiene más de diez años y que ha resultado en la elección de varios presidentes progresistas.

¿Por qué no incluye a Brasil en esta lista?

En Brasil también surgió el sentimiento de que era necesario superar la herencia de los dos gobiernos de Fernando Henrique Cardoso, durante los cuales la desigualdad se acentuó y la apertura indiscriminada al capital extranjero fue dramática. Pero la diferencia fundamental es que en Brasil este sentimiento no surgió de un movimiento popular de contestación y rebeldía, como en México, Bolivia, Venezuela, Ecuador y la Argentina. Antes del primer mandato del presidente Lula da Silva, el movimiento social no tenía la fuerza que tenía en otros países vecinos. La tradición de poca movilización social lo explica. El resultado visible de este proceso es una especie de exigencia del rol del Estado en la vida cotidiana. Eso también se expandió para el campo comunicacional y cultural.

¿Cree que la resistencia de las corporaciones mediáticas al nuevo escenario sí es un denominador común en los países de la región?

Esto tiene que ver con el proceso de cambio del rol del Estado en estos países. Más allá de las variaciones importantes entre ellos, la tendencia en Venezuela, Bolivia, Ecuador y la Argentina marca una intervención más decidida y acentuada del Estado en una serie de sectores sociales estratégicos, entre ellos, la comunicación. Claro que los países de la alianza bolivariana tienen una concepción del Estado mucho más intervencionista y presente que la Argentina. Pero no podemos dejar de reconocer que Venezuela, Ecuador y Bolivia forman una especie de eje de cambios más profundizados y definidos. En estos países hay una clara definición de los gobernantes, de sus bases de apoyo, en el sentido de un proceso de transición para una economía mixta que puede ser el punto de partida hacia la construcción del socialismo. Son tres países donde el rol del Estado es acentuadamente intervencionista, participativo y sensible a las reivindicaciones populares.

¿De qué modo se puede asegurar que los medios públicos persigan la diversidad informativa y cultural sin que deriven en la mera propaganda oficial?

Es un problema muy complejo que merece un análisis profundo. No podemos perder de vista que en estos cuatro países está sucediendo un agravamiento de la batalla mediática. De un lado, los medios privados que no aceptan cambios en las reglas del juego y no admiten perder cualquier parcela de su influencia social y política y su poder económico. Del otro, estructuras gubernamentales que se oponen a la mercantilización de la información y la concentración de los medios. Esta batalla mediática, opositora a la acción del poder público, es inédita en América Latina, y sus consecuencias son impredecibles. Se trata de una campaña manipulada, discriminatoria e intolerante, con una clara intención de desestabilizar y enflaquecer los proyectos de cambio que se verifican en estos países, y que tiene como pieza clave a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) con sus aliados regionales y locales. La novedad no es la campaña opositora de los medios, sino el hecho de que los gobiernos progresistas y, sobre todo, los gobiernos de izquierda de Bolivia, Venezuela y Ecuador, se convirtieron en protagonistas del escenario mediático.

¿Pueden los medios públicos “competir” con los privados?

En Venezuela, Bolivia y Ecuador, se observa que el sistema público estatal de comunicación está en clara competencia con los medios privados, sin ninguna condición de competir de hecho, porque el poderío de los medios privados es extremadamente superior. La novedad es la decisión de los gobiernos de reconquistar sus voces en la escena pública a través de los medios públicos, recuperar su capacidad de intervenir en los debates y en la discusión de los problemas nacionales. Cada vez más, los gobiernos son conscientes -incluso el de Cristina Kirchner- de que no es suficiente contraponerse a las corporaciones mediáticas y quejarse de los contenidos parciales o manipulados, sino que es necesario actuar como agentes políticos en la gestión de los sistemas de comunicación. Asistimos a un fenómeno interesante que es que los gobiernos tienen redes de televisión y diarios. Esto está sucediendo en varios países, incluso en Paraguay. Son gobiernos que están construyendo un sistema público de medios sin ningún tipo de vinculación con los medios privados. Los resultados son parciales, pero merecen una mirada. Por ejemplo, en cuatro países, los gobiernos tienen diarios que se venden a precios simbólicos o que se distribuyen gratuitamente. Y tienen una dirección claramente definida para los sectores populares que necesitan otro tipo de lectura de la realidad social que las presentadas por los medios privados. Hay una intención de competir en la disputa moral, cultural y política dentro de la sociedad.

En un escenario de concentración sectorial, ¿qué capacidad tienen estos medios de fijar una nueva agenda de temas?

Frente a las corporaciones mediáticas, no tengo la ilusión de poder generar agendas y direccionar las discusiones públicas. El de las corporaciones es un poder real que necesita ser combatido con medidas de regulación, sobre todo en el campo de la radiodifusión. Hay una clara desigualdad de poder comunicacional entre los gobiernos y las corporaciones mediáticas. La novedad es la conciencia de que, si no podemos definir totalmente las agendas y las líneas de los contenidos que son socialmente distribuidos, por lo menos podemos crear alternativas de fuentes de información y de lectura de la realidad, de comprensión crítica del rol de los propios medios, de los grupos económicos, de las elites políticas. No se trata de medir cuál de los dos lados tiene más fuerza, sino de comprender que los gobiernos progresistas tienen un papel a desarrollar en este campo de formación de la opinión pública y de construcción del imaginario social. Es una batalla imprevista porque de un momento para otro, Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Cristina Kirchner y Fernando Lugo también son propietarios de medios dentro de otras lógicas, con otros compromisos y con una preocupación por intentar resistir a las violentas campañas contra los cambios y la legítima tarea de los gobiernos de regular los medios, de fomentar la producción cultural independiente y defender la producción nacional audiovisual. Hay que reconocer que estos gobiernos, con contradicciones y vacilaciones, tienen un sentido común de intervención.

¿Y cuál es el límite de esa intervención?

El juego político y la disputa por la hegemonía. Pero es un límite muy tenue; no se sabe dónde empieza ni dónde termina. Hay que explorar al máximo la posibilidad de crear fuentes informativas, culturales y comunicativas, y circuitos culturales alternativos como en Ecuador. Se trata de construir normas como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Argentina que, a menos de un año de vida, ya es un paradigma para los países vecinos. En este momento, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Venezuela están estudiando la ley para adoptar soluciones semejantes en sus países, con sus diferencias históricas y sociales. El efecto contagio es lo que más preocupa y moviliza a las campañas opositoras. Para cinco o seis países, la ley de medios es un ejemplo iluminador. Y para las corporaciones se trata de un riesgo concreto de cambio, de inversión de prioridades y combate a las concentraciones. En esta batalla mediática, que el Estado asuma un sistema de medios alternativo es una medida indispensable para construir progresivamente otras posibilidades de información, interpretación y comparación de las cosas del mundo.

Por: Bárbara Schijman y Natalia Aruguete
Fuente: Revista Debate
Web: http://www.revistadebate.com.ar